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Carta Informativa- Estado Colombiano responsable por desplazamiento forzado en Cacarica

 

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Bienvenidos a la lectura de esta edición de la carta informativa de SweFOR Colombia. Por ahora se publica en el blog, pero pronto se encontrará en la versión española de la página web.

Estado Colombiano responsable por desplazamiento forzado en Cacarica

Como parte de nuestro trabajo en Colombia, SweFOR hace parte de varias redes y plataformas, que trabajan por la defensa de los derechos humanos, con la finalidad de accionar conjuntamente y levantar preocupaciones concernientes a la violación de los derechos humanos. De igual manera,  saludamos los avances en materia de derechos humanos en Colombia.

A través del plataforma DIAL – Diálogo inter-agencial en Colombia, vemos un avance en la justicia con la condena referente al caso de la “Operación Génesis”, y solicitamos a los diferentes entes del estado cumplir con lo ordenado por la Corte en temas como el mejoramiento de la calidad de vida y el retorno seguro y digno de las personas desplazadas por esos hechos. Asimismo se hace una solicitud a las organizaciones internacionales, para hacer seguimiento al cumplimiento del fallo de la Corte.

Hechos:

Más de 16 años después de la “Operación Génesis”,  operativo ejecutado por la Brigada XVII del ejército colombiano entre el 24 y el 27 de febrero 1997, en particular en la cuenca del río Cacarica, hay un avance de la justicia internacional en el caso de los desplazados por el operativo.

Según la Sentencia de la Corte del 20 noviembre 2013, la operación militar se realizó en colaboración con grupos paramilitares de las Autodefensas unidas de Colombia (AUC) quienes realizaron incursiones en la cuenca, lo que causó el desplazamiento de las comunidades afrodescendientes y les obligó a vivir en situación de desplazamiento durante varios años.

Desde que se dio a conocer la sentencia de la Corte y a lo largo de 2013, se han presentado varios incidentes, tanto contra los integrantes de la comunidad de Cacarica como contra algunos miembros de la Comisión inter-eclesial de justicia y paz –CIJYP-, lo que demuestra la persistencia de factores que ponen en riesgo a las comunidades, sus representantes y a las organizaciones que las acompañan.

La mencionada sentencia condena al Estado por:

1. La violación del derecho de las comunidades afrocolombianas de la cuenca del Río Cacarica a no ser desplazadas.

2. La vulneración del derecho a la propiedad colectiva de dichas comunidades a través de la explotación ilegal de su territorio protegido por la Ley 70 de 1993.

3. La violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial tanto de las comunidades afrodescendiente, como la familia de Marino López y el Consejo comunitario de Cacarica.

4. Haber incumplido sus obligaciones de garantizar asistencia humanitaria y un retorno seguro y digno

5. La violación de los derechos de los niños y las niñas de las comunidades desplazadas

6. La violación del derecho a la vida y la integridad personal del campesino Marino Lopez Mena

 

Si quiere tener acceso a todo el comunicado sacado por DIAL, por favor comunicarse a nuestros correos y se lo facilitamos. 

 

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